La administración de Javier Milei presentó un recurso extraordinario ante a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revoque la medida cautelar que lo obliga a aplicar los aumentos salariales y presupuestarios dispuestos por la Ley de Financiamiento Universitario (27.795); norma sancionada por el Congreso en medio de multitudinarias protestas y fallos judiciales previos que avalaron esos reclamos.
El recurso extraordinario fue presentado el viernes 17 de abril, fecha límite dispuesta por la Justicia para cumplir y abonar lo adeudado a las casas de estudios. En su escrito el Gobierno señala que no puede pagar esas actualizaciones ya que habría “severas consecuencias económicas para el país”. Un argumento en línea con el discurso del “equilibrio fiscal” obtenido a base de “motosierra” en diversas áreas como salud, ciencia, previsión social o discapacidad.
La dilación judicial provocó el malestar en la comunidad universitaria que sufre el salvaje ajuste en medio de denuncias por créditos hipotecarios vip, presuntos enriquecimientos ilícitos y lujosos viajes al exterior de sus funcionarios.
En su presentación ante la Corte, los funcionarios de Milei hablan de “intromisión de poderes” y “parcialidad de jueces”. Según el texto, los magistrados que intervinieron tienen “intereses personales”, ya que dictan clases en universidades. Por esos mismos motivos solicitan que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen de votar.
El derrotero judicial se inició en octubre de 2025, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectores nacionales interpusieron una acción de amparo ante el Decreto 759/2025 que frenaba la aplicación de la Ley 27.795 hasta que se determinara la fuente para financiarla.
En diciembre de 2025, el juez Martín Cormick hizo lugar y ordenó el cumplimiento de la norma, pero el Estado apeló porque consideró que la cautelar era una “sentencia anticipada”. El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo y ratificó la medida a favor de las universidades.
Ahora, la administración de Milei vuelve a frenar la ejecución inmediata ordenada por la Cámara y se apuesta a dilatar una vez más los plazos interponiendo este recurso extraordinario ante la Corte.
