El inicio de 2026 consolidó la estrategia de equilibrio fiscal del Gobierno nacional, con un superávit primario de $3,13 billones en enero. Sin embargo, el resultado se apoyó en un fuerte ajuste del gasto público, y las universidades nacionales figuran entre los sectores más afectados por la reducción de recursos.
Durante el primer mes del año, las transferencias a las casas de estudio alcanzaron los $0,39 billones. Aunque la cifra nominal parece significativa, en términos reales implica una caída del 8,8% interanual y un retroceso del 25% frente a enero de 2023. La disminución se inscribe en una baja general del gasto estatal, que se ubicó 31,7% por debajo de los niveles de hace tres años.
El ajuste fue mayor que la caída de los ingresos públicos, que retrocedieron 2,7% en términos reales. Esto confirma que el superávit no se logró por un repunte de la recaudación, sino por una contracción del gasto que impactó en áreas sensibles como la educación superior.
La situación salarial agrava el escenario. Desde fines de 2025 los sueldos del personal docente y no docente se pagan con atraso: los haberes percibidos corresponden al mes anterior, luego de que en noviembre no se abonaran salarios en curso. La irregularidad aún no fue normalizada y afecta la previsibilidad económica de miles de trabajadores.
En paralelo, el Gobierno busca cumplir las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional para 2026. Mientras el ajuste también golpea a la obra pública y los subsidios, las universidades enfrentan un inicio de ciclo lectivo marcado por restricciones presupuestarias, tensiones financieras y creciente incertidumbre institucional.
