El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas sumó un nuevo capítulo. El Gobierno nacional apeló el fallo del juez federal Martín Cormick que había ordenado la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y declarado inconstitucional el mecanismo utilizado por el Poder Ejecutivo para condicionar su implementación.
La decisión judicial había sido dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a partir de las presentaciones realizadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). El magistrado había dispuesto que el Ejecutivo avance con las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para poner en marcha la Ley 27.795.
La apelación vuelve a trasladar la discusión al ámbito judicial mientras el sistema universitario profundiza su plan de movilización. El próximo jueves 15 de octubre se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria hacia el Congreso, con reclamos vinculados al cumplimiento de la ley, la recomposición salarial de docentes y nodocentes y la actualización de las becas estudiantiles.
La resolución cuestionó el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había condicionado la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto.
Para Cormick, ese mecanismo terminó funcionando como una forma indirecta de impedir la aplicación de una ley sancionada por el Congreso. Por ese motivo, ordenó al Poder Ejecutivo avanzar de manera inmediata con su implementación.
La Ley 27.795 tiene como objetivo garantizar el financiamiento de la educación universitaria pública y contempla, entre otros aspectos, mecanismos de recomposición salarial y actualización de becas.
El Gobierno, en cambio, sostiene que la aplicación de la norma implica erogaciones que no cuentan con partidas presupuestarias específicas y cuestiona que el Poder Ejecutivo deba afrontar esos gastos sin que previamente se determine su fuente de financiamiento.
Mientras avanza la apelación, la comunidad universitaria prepara una nueva jornada de protesta. El CIN confirmó la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria, que tendrá réplicas en distintas ciudades del país.
La convocatoria se produce además en medio del debate por el Presupuesto 2027. Las universidades reclaman que el futuro presupuesto contemple los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento y permita recuperar parte de las capacidades perdidas durante los últimos años.
En septiembre, el CIN había presentado ante legisladores nacionales su propuesta de presupuesto universitario 2027, con un requerimiento de 11 billones de pesos, cifra que contempla la recomposición necesaria para implementar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario. Según las autoridades universitarias, el monto solicitado representa un 33% más que lo contemplado en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo.
La jornada del 15 de octubre tendrá así un doble eje: reclamar la aplicación efectiva de la legislación vigente y plantear ante el Congreso la necesidad de garantizar un presupuesto universitario acorde con las necesidades del sistema.
El reclamo universitario no se limita al presupuesto institucional. La situación salarial de docentes y nodocentes continúa siendo uno de los principales puntos de conflicto entre las organizaciones gremiales y el Gobierno.
A esto se suma la preocupación por las becas estudiantiles y por los recursos destinados a investigación, hospitales universitarios y funcionamiento cotidiano de las casas de estudios.
De esta manera, la apelación presentada por el Gobierno vuelve a colocar el financiamiento universitario en el centro de una disputa que combina Justicia, Congreso, Poder Ejecutivo y comunidad universitaria. La movilización del 15 de octubre será, en ese contexto, una nueva demostración de fuerza del sistema universitario mientras se espera la resolución de la instancia judicial.
Fuente: Universidades Hoy
