La decana de Derecho conducirá la universidad hasta que asuman las nuevas autoridades. Esa fecha bisagra depende hoy de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones.
UNT: fiscal sugiere desestimar la demanda sobre la eventual candidatura de Pagani
El dictamen del Ministerio Público Fiscal fue requerido por la Justicia frente a la causa impulsada por dos decanos, quienes objetan la posible postulación del rector de la Casa de Terán. Ahora resta la resolución final del juez.
Un pronunciamiento de fuerte impacto jurídico y político. El fiscal Rafael Vehils Ruiz emitió finalmente su dictamen en la causa iniciada ante la Justicia Federal por los candidatos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala, quienes buscan impedir que el actual rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani, pueda presentarse para un nuevo mandato.
Los decanos solicitaron al juez federal Guillermo Díaz Martínez una “acción declarativa de certeza” para que establezca claramente los límites de mandatos consecutivos -prohibidos supuestamente por el nuevo Estatuto- así como una medida cautelar que impida la inscripción de candidaturas presuntamente incompatibles con artículos de la normativa universitaria.
En su escrito, Vehils Ruiz reconoce que el ámbito federal es competente para intervenir en el caso, pero que la procedencia de “la acción declarativa de certeza” no reúne los requisitos exigidos por la ley y la jurisprudencia. “Solamente es viable cuando existe un estado real de incertidumbre sobre una relación jurídica concreta, una afectación actual y la inexistencia de otra vía idónea para resolver el conflicto”, argumentó.
El último punto avalaría la opinión de quienes afirman que la UNT tiene habilitados canales y órganos pertinentes para abordar temas de esta índole.
En otro apartado, Vehils Ruiz advierte que la pretensión de los decanos se basa en una eventual candidatura de Pagani sin que exista una postulación formal y por lo tanto no habría incertidumbre en los términos del Artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tras opinar que no se acredita legitimación activa suficiente por parte de los demandantes.
El fiscal propone el rechazo “in limine” de la acción declarativa e insta a desestimar la medida cautelar, coincidiendo con el escrito que ya había presentado la UNT donde también se advertía que cualquier intervención judicial -durante el proceso electoral- generaría una “grave perturbación institucional” y afectaría la autonomía universitaria.
La parte actora cuestionó al fiscal y advirtió que su tesis vacía la finalidad del Artículo 322 del Código Procesal. Para el letrado Gonzalo Casas se obliga a sus representados “a esperar la consolidación de un conflicto mayor, comprometiendo la validez del proceso electoral y frustrando el acceso a una tutela judicial oportuna”.
El dictamen no es vinculante aunque representa una opinión de peso para el juez Díaz Martínez quien anticipó que la cautelar y la cuestión de fondo se definirán en un mismo acto. El expediente ingresa así en su tramo final en medio del avance del cronograma electoral de la UNT.
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