“Se acabó el tiempo: ¡Milei, cumplí la Ley! Caminamos hacia la Marcha Federal Universitaria en el mes de mayo para exigir que el gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario”.
El posteo de la Federación Nacional de Docentes Universitarixs es una de las tantas advertencias compartidas en las redes sociales tras conocerse el escrito enviado por el gobierno de Javier Milei a la Corte Suprema para frenar otra vez la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Tras este recurso que dilata el envío de fondos, gremios, estudiantes y autoridades prometen una marcha federal entre el 13 y el 15 de mayo con el fin de nacionalizar el reclamo por la recomposición de recursos frente a la caída del 45,6% en transferencias, los salarios deteriorados y el riesgo operativo de facultades.
La convocatoria para defender la educación superior en las calles coronaría un calendario que ya arrancó con diversas acciones: paros docentes y nodocentes, la reciente marcha de antorchas en Ciudad de Buenos Aires, la jornada nacional “La universidad no se apaga” y una clase pública con docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) frente a la casa de Manuel Adorni. Además de las denominadas “carpas soberanas” que se alzan en diferentes puntos del país y que albergan cátedras, actividades culturales y acciones de visibilización.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un enérgico documento donde denuncia la actitud del Gobierno Nacional que aún mira hacia otro lado. “Las respuestas no aparecen. Si no se respeta la ley sancionada por el Congreso y si no se cumple un fallo judicial (…) volveremos a convocar a la sociedad argentina para manifestarnos la primera quincena de mayo en todo el país”, señaló.
Por su parte, Clara Chevallier secretaria general de CONADU), fue tajante: “El tiempo se acabó. Ya todo el mundo tiene en claro que no se trata de falta de fondos, sino de un ataque ideológico. El gobierno nacional acaba de acordar un nuevo desembolso de $1000 millones de dólares del FMI y nos quiere hacer creer que el déficit fiscal es culpa de las universidades. No solo está en juego su existencia, sino si este país sigue siendo una democracia o no.”
Con una crisis del sistema universitario que comienza a impactar de lleno en el funcionamiento cotidiano -provocando inclusive el éxodo de investigadores y profesores que buscan mejores horizontes laborales- el conflicto entra en tiempo de definiciones.
