La Justicia Federal está lista para fallar sobre el proceso electoral en la UNT

El juez federal Guillermo Díaz Martínez dejó la causa en condiciones de ser resuelta y anticipó que dictará en un mismo acto la sentencia sobre el fondo del planteo y la medida cautelar vinculada a la elección del rector de la Universidad Nacional de Tucumán, al considerar que no es necesario abrir la causa a prueba y que los elementos ya incorporados resultan suficientes para decidir.

La disputa judicial por la interpretación del Estatuto de la Universidad Nacional de Tucumán y su impacto en la próxima elección de rector ingresó en su tramo final. Mediante una providencia reciente, Díaz Martínez dispuso que, una vez contestado el traslado de la excepción o vencido el plazo correspondiente, “pasen las actuaciones a despacho para el dictado de sentencia definitiva difiriendo para ese momento el pronunciamiento sobre la medida cautelar”, dejando en claro que ambas cuestiones serán resueltas en forma conjunta.

La decisión marca un punto de inflexión en un expediente que se inició con la acción declarativa de certeza de inconstitucionalidad promovida por los decanos Miguel Ángel Cabrera, de la Facultad de Ciencias Exactas, y Virginia Abdala, de Ciencias Naturales, quienes -patrocinados por el abogado Gonzalo Casas- buscan que la Justicia determine si el actual rector, Sergio José Pagani, puede presentarse a una nueva elección consecutiva.

El planteo original sostiene que el nuevo Estatuto de la UNT fija un límite de dos mandatos consecutivos para el rectorado y que cualquier interpretación que habilite una nueva candidatura vulneraría tanto la letra como el espíritu de la norma. En ese marco, los actores denunciaron la existencia de un “estado de incertidumbre jurídica” que, a su criterio, condiciona el proceso electoral y justifica la intervención judicial antes de la oficialización de candidaturas.

A esa acción principal se sumó un pedido de medida cautelar destinado a evitar que se consolide una interpretación contraria al Estatuto en el desarrollo de los comicios. Sin embargo, la Universidad, a través de su apoderado Jorge Chehín, rechazó tanto la demanda como la cautelar, al sostener que no existe un caso concreto sino una hipótesis eventual, que no hay candidaturas oficializadas y que cualquier decisión judicial en esta etapa implicaría una indebida intromisión en la autonomía universitaria.

En el informe remitido al juez en los términos del artículo 4 de la Ley 26.854, la UNT reforzó esa postura institucional al afirmar que “no existe incertidumbre jurídica actual” ni un acto que afecte derechos subjetivos, y que el planteo de los decanos se apoya en “conjeturas futuras” que no habilitan la vía judicial en esta instancia. En esa presentación, la casa de altos estudios defendió la validez del cronograma electoral aprobado por sus órganos de gobierno y sostuvo que el proceso se desarrolla con normalidad.

Asimismo, la Universidad advirtió sobre las consecuencias de una eventual intervención judicial en curso del proceso electoral, al señalar que podría implicar “una grave perturbación institucional” y afectar el principio de autonomía universitaria. En esa línea, Chehín planteó que la interpretación del Estatuto corresponde en primer término a los propios órganos de la UNT, y cuestionó que los actores hayan acudido directamente a la Justicia sin agotar las instancias internas.

En ese escenario, uno de los puntos centrales del expediente pasó a ser la excepción de falta de legitimación activa planteada por la UNT, que cuestiona la capacidad de los decanos para promover la acción. Esa defensa fue ahora respondida por el abogado Casas en un escrito reciente, en el que ratificó la legitimación de sus representados y sostuvo que el planteo no es abstracto ni prematuro, sino que responde a un conflicto actual que incide directamente en sus derechos políticos como candidatos.

En su presentación, Casas insistió en que la incertidumbre sobre las reglas de elegibilidad no es meramente conjetural, sino que se proyecta de manera concreta sobre el proceso electoral en curso. En esa línea, advirtió que la proximidad de los plazos para la inscripción de listas y la definición de candidaturas torna imprescindible una decisión judicial urgente que despeje cualquier ambigüedad interpretativa.

El letrado también rechazó la postura de la Universidad respecto de la inexistencia de caso, al señalar que la propia dinámica institucional y el calendario electoral generan una situación de inminencia suficiente para habilitar la acción declarativa. Según expuso, esperar a la oficialización de candidaturas implicaría trasladar el conflicto a una instancia posterior, con consecuencias potencialmente más gravosas para la estabilidad institucional.

Con todos estos elementos, el juez consideró que no resulta necesario producir nuevas pruebas y que la controversia puede resolverse sobre la base de la documental ya incorporada. Esa definición procesal acelera los tiempos de la causa y deja a las partes a la espera de una sentencia que no sólo resolverá la validez del planteo, sino que también fijará criterios sobre la interpretación del Estatuto universitario.

La figura del rector Pagani continúa en el centro de la escena, aunque hasta el momento no ha definido públicamente si será candidato en las próximas elecciones. Esa indefinición, sumada al avance del cronograma electoral, refuerza la expectativa en torno a una resolución judicial que podría incidir de manera directa en la configuración de la competencia.

En los tribunales federales de Tucumán se da por inminente el pronunciamiento de Díaz Martínez. La decisión tendrá impacto inmediato no sólo en el proceso electoral de la UNT, sino también en los alcances de la autonomía universitaria y en la forma en que deben interpretarse las reglas estatutarias en contextos de disputa institucional.

Fuente: La Gaceta de Tucumán