El conflicto minero que mantuvo en vilo a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y a la provincia de Catamarca durante décadas ha llegado a su capítulo final en los tribunales. El juez federal n.º 2 de Catamarca, Guillermo Andrés Díaz Martínez, homologó formalmente el acuerdo conciliatorio entre la UNT y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).
Este paso jurídico no es un trámite más: representa la validación definitiva de las gestiones iniciadas en diciembre pasado por el rector Sergio Pagani y el gobernador Raúl Jalil, marcando el inicio de una nueva etapa para el financiamiento de la infraestructura universitaria.
La relación de la UNT con la minería nació con un gesto de generosidad académica: el geólogo Abel Peirano cedió a la Universidad los derechos de explotación de Farallón Negro. En 1958, la Ley 14.771 formalizó esta herencia creando YMAD y estipulando que el 40% de las utilidades debían destinarse a la UNT para concluir la Ciudad Universitaria.
Sin embargo, en 2008, el entonces rector Juan Alberto Cerisola firmó un polémico acta que daba por terminada la Ciudad Universitaria, reduciendo la participación de la UNT al 20% de libre disponibilidad. Este movimiento desató una batalla legal que hoy, 16 años después, encuentra su resolución.
El acuerdo homologado no solo termina el juicio, sino que redefine la arquitectura operativa de YMAD, especialmente tras la salida del Estado Nacional de la administración (formalizada por DNU en enero de 2024).
Los ejes centrales son:
En su resolución, el juez Díaz Martínez subrayó que el acuerdo no vulnera el orden público y cumple con los requisitos del artículo 309 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Al ser homologado, el convenio adquiere fuerza de ley entre las partes, impidiendo que el conflicto se reabra en el futuro.
"La conciliación celebrada por las partes es susceptible de homologación judicial al ser el resultado de una composición de intereses legítimos", destacó el magistrado.
El rector Sergio Pagani fue tajante respecto al destino de estos fondos: infraestructura. Al no ser ingresos fijos (dependen de la producción minera y el precio internacional de los metales), la Universidad no puede ni debe usarlos para salarios o gastos corrientes.
Corresponderá ahora al Consejo Superior de la UNT definir las prioridades de inversión. Los millones de dólares que se espera recuperar deberán transformarse en aulas, laboratorios y espacios que salden la deuda histórica con la Ciudad Universitaria en los cerros tucumanos.
