--- canonical_url: "https://pulsouniversitario.com/contenido/540/la-justicia-intimo-al-gobierno-de-milei-a-cumplir-con-el-financiamiento-universi" title: "La Justicia intimó al gobierno de Milei a cumplir con el financiamiento universitario" article_type: "Article" description: "El juez Martín Cormick intimó al Ejecutivo a cumplir la Ley 27.795 en un plazo de cinco días y bajo amenaza de multas diarias, en medio de protestas y negociaciones salariales estancadas" main_image: "https://pulsouniversitario.com/download/multimedia.normal.a717742dfce45a39.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-09-23T11:40:00-03:00" date_modified: "2026-09-23T11:44:26-03:00" category_name: "Políticas" category_url: "https://pulsouniversitario.com/categoria/2/politicas" --- # La Justicia intimó al gobierno de Milei a cumplir con el financiamiento universitario El juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, Martín Cormick, volvió a intimar al Gobierno nacional por el incumplimiento de la medida cautelar sobre financiamiento universitario. El magistrado fijó un plazo de cinco días para que el Ejecutivo cumpla con lo dispuesto y habilita el cobro de astreintes si no paga el aumento dispuesto por ley. La sanción económica crecerá por cada día de atraso. En su resolución, Cormick sostuvo que "no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme". La orden alcanza a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795: el primero dispone la actualización de los salarios docentes y nodocentes; el segundo, la de las becas estudiantiles. Se trata de la segunda intimación del juez en pocas semanas. A comienzos de septiembre, Cormick ya había rechazado un pedido del Gobierno para levantar la cautelar y le había reclamado que informara sobre el grado de cumplimiento de la resolución. El fallo llega en paralelo al plan de lucha que sostienen los trabajadores universitarios. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales lleva adelante medidas de fuerza: la primera se cumplió el viernes 18 de septiembre y la segunda, el martes 22. El sector confirmó, además, la quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. **Otra negociación salarial sin acuerdo** La semana pasada, la reunión entre el Gobierno y los sectores docente y nodocente terminó sin acuerdo en el Palacio Pizzurno: el Ejecutivo mantuvo su oferta de un 3% de aumento, ya rechazada previamente por los sindicatos. "Está muy lejos de cumplir la cautelar que lo obliga a hacer efectivo el artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario", expresaron. A la disputa salarial se suma la discusión por el Presupuesto 2027. El proyecto oficial destina 7,3 billones de pesos al sostenimiento de las universidades públicas para el próximo año, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama 11 billones. El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del CIN, Franco Bartolacci, explicó a medios nacionales que desde el martes 22 corre un plazo de 5 días hábiles para que el Gobierno adopte los cambios previstos de la ley aprobada en 2025. "Ojalá que el gobierno haga lo que corresponde. En las próximas horas vamos a tener novedades respecto de la actualización salarial y de becas estudiantiles", anticipó Bartolacci, quien pidió que el Ministerio de Capital Humano convoque a una reunión paritaria para regularizar la situación. Según Bartolacci los sueldos universitarios acumulan un atraso del 34% respecto de lo que exige la Ley 27.795. Esa brecha surge de comparar la inflación oficial acumulada desde diciembre de 2023 con los aumentos salariales efectivamente aplicados en ese período. "En el caso de las becas el desfasaje es aún mayor porque no se actualiza desde septiembre de 2024", precisó el rector. El incumplimiento de ese programa afecta a unas 400.000 personas que cursan carreras de nivel superior en todo el país. **Un largo camino judicial** El conflicto llegó a la Justicia después de que el CIN y distintas universidades nacionales impulsaran un amparo colectivo. El juez Cormick dictó una primera cautelar en diciembre pasado, en un planteo dirigido contra el decreto 759/2025, con el que el Gobierno había condicionado la aplicación de la ley a la identificación de fuentes específicas de financiamiento. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó después esa medida. El tribunal consideró que el Estado no había logrado desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado por las universidades y advirtió sobre el impacto que el deterioro salarial podía generar en el funcionamiento del sistema universitario. Desde comienzos de 2026 el conflicto siguió abierto: pese a los distintos pronunciamientos judiciales, los sindicatos universitarios continuaron denunciando que los artículos sobre salarios y becas no se aplicaban en plenitud. El Gobierno intentó torcer el rumbo del expediente por otras vías judiciales: recusó a magistrados que intervenían en la causa y cuestionó la participación de integrantes de la Corte Suprema con el argumento de que ejercen la docencia universitaria. Finalmente, el 25 de junio, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo, al considerar que todavía no existía una sentencia definitiva. La cautelar quedó así vigente y el expediente volvió al juzgado de Cormick para avanzar con su ejecución. En paralelo al proceso judicial, el Gobierno buscó encauzar el conflicto por la vía de la negociación. El 10 de junio, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y organizaciones sindicales docentes y nodocentes firmaron un acta que contemplaba un incremento del 24,33% en la masa salarial, una mejora del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios. El acuerdo incluía también una actualización del 50% para las becas Manuel Belgrano a partir de junio, y fijaba un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para seguir discutiendo la paritaria. Para el Ejecutivo, ese entendimiento alcanzaba para considerar satisfechos, en lo sustancial, los artículos 5 y 6 de la ley. El CIN sostuvo que el acuerdo no cubría todas las obligaciones previstas por la norma y recordó que, al momento de la firma, el propio Gobierno había aclarado que el acta no implicaba abandonar su posición en el expediente judicial. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.